El martirio de Vicente comenzó en
el instante que unos encapuchados lo detuvieron en una barricada que levantaron
en el camino a Ayutla, a la altura de Cruz Quemada, en la Costa Chica de
Guerrero. Lo bajaron de su carro y le encontraron para su mala suerte una
pistola vieja escondida en la cajuela. Ya no soltaron, había sido detenido por
un grupo civil de autodefensa armada y recluido contra su voluntad en una casa
de seguridad.
No había sido encarcelado por
elementos policiacos o soldados en algún retén, ni puesto a disposición de una autoridad
competente. Ni siquiera le permitieron comunicarse con su familia. Sólo
esperaba salir de ese infierno para interponer una denuncia por privación
ilegal de su libertad contra quienes lo detuvieron.
En medio de su encierro y mal
comido, Vicente fue presentado varios días después en el pueblo de El Refugio
como un reo en espera de ser sometido por un tribunal popular. El temor creció
y la esperanza se esfumó. Sin embargo, sus captores le dijeron que el gobierno
estaba negociando su liberación, y a las cinco de la madrugada lo soltaron, y después
de todo el viacrucis que vivió, feliz y desvelado subió a una camioneta de la
Procuraduría General del Estado.
Pero cuál no sería su sorpresa,
que no recuperó su libertad ni regresó con su familia que ya lo esperaba, sino
todo lo contrario, terminó con un arraigo por 30 días, en espera, según le
dijeron, de un proceso apegado a derecho. ¡Inaudito! ¡El mundo se le vino encima!
Era protagonista de una doble victimización. De captores que intentaron hacerse
justicia por propia mano, y de un gobierno que violó sus más elementales
derechos humanos.
Ahora, tendrá que sobreponerse y
contribuir, con acciones personales, en lograr el restablecimiento del Estado
de Derecho. Primero, denunciando en su momento la privación ilegal de su
libertad. Segundo, promoviendo ante la justicia federal un amparo contra la
Procuraduría General de Justicia que lo recluyó en un arraigo. Y tercero,
presentando una queja en las comisiones estatal y federal de derechos humanos. Emprender
esta tarea se antoja complicado, pero representa hoy la única vía transitable
para que en México y en Guerrero se respete la dignidad de todas las personas.
El Estado Mexicano, por su lado, no
puede tolerar, bajo ninguna circunstancia, la incapacidad de las autoridades federales,
estatales y municipales, que no han sido capaces de garantizar la seguridad y
la paz en las comunidades, y que son precisamente, la razón que mueve a los
vecinos a tomar el resguardo de patrimonios y vidas propias, en los términos que
establece el artículo 11, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de
Guerrero de la obligación de los guerrerenses de auxiliar a las autoridades en
la conservación del orden público.
La cuestión, entonces, es que a través
de diálogo, integrar a estos grupos civiles, regular sus facultades, establecer
el tipo de armas que pueden portar, la coordinación con las autoridades, capacitación,
adiestramiento y poner a disposición inmediata a las personas detenidas con pleno
respeto a sus garantías individuales constitucionales.
