El secretario general de
gobierno, doctor Jesús Martínez Garnelo, se lanzó fuerte a nombre del gobierno
del Estado contra el Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos que sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado
de Guerrero dio a conocer a finales del año pasado. No lo bajó de mentiroso,
excesivo, infundado, sesgado y cuestionable, sólo faltó que le mentara a la
madre a quienes lo elaboraron.
Luego entonces podríamos decir
que es mentira que los polis del pueblo, aludidos por la CNDH, decidieron
encargarse de la seguridad de la población ante el abandono y la omisión de las
autoridades estatales y municipales de ejercer de manera eficiente sus
obligaciones en materia de seguridad pública.
Que también es una falacia decir
que en innumerables ocasiones, se incumplen las elementales reglas del debido
proceso, que hay abuso del poder y falta de sistemas efectivos de control en
las dependencias encargadas de brindar seguridad pública.
Que es falso de toda falsedad que
el Gobierno del estado haya optado por delegar indebidamente sus facultades de
brindar seguridad en estos grupos, y alentarlos e incluso apoyarlos
económicamente para que desarrollaran estas funciones. O sea que las camionetas
blindadas, uniformes, equipo táctico y demás enseres entregados son producto de
la imaginación de los opositores.
Que los 300 testimonios de víctimas
directas e indirectas de la delincuencia y la violencia, descritos en el
Informe Especial, son cuentos chinos, sacados de contexto y tal vez, encargados
a un escritor de películas de Hollywood a quien se le pagó una buena lana.
El Gobierno de Guerrero fue innecesariamente
rudo contra la CNDH al endilgarle toda clase de expresiones subjetivas, propias
de alguien que quedó dolido y que busca lesionar la credibilidad de un
organismo no jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, que basa su fortaleza en la
fuerza moral de sus resoluciones.
El informe especial puede tener
elementos inexactos, pero éstos son secundarios al eje que se expresa a todo lo
largo de su contenido, tales como que los grupos de autodefensa no están 46
municipios sino únicamente en 35. ¿Qué niñerías son esas?
El documento debió ser sometido a
un escrutinio sereno, objetivo y juicioso, que le permitiera al gobernador
Ángel Aguirre Rivero tocar las puertas a la CNDH para demandar que ésta
cumpliera con los Principios de París, que obligan a los organismos de derechos
humanos que propongan medidas encaminadas a poner término a esas situaciones,
así como de formular recomendaciones, políticas, reglamentos, prácticas
administrativas o reformas de leyes, especialmente cuando ellas sean la fuente
de las dificultades encontradas en Guerrero como la Ley de las Policías Rurales
y la Ley 701 de Reconocimientos, Derechos y Cultura Indígena.
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