CONFIANZA

Ya entrados en confianza, el secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, responsable de garantizar la armonía en el estado, el titular de Seguridad Pública y Protección Civil, Javier Lara Montellanos, y el procurador de justicia Iñaki Blanco se lanzaron con todo contra las "famosas" policías comunitarias, ante diputados locales en un reunión privada.

 

 

 

De nada sirvió que recogieran celulares y sacaran a los asesores de una comparecencia sin medios, porque alguien, quien seguramente se está indagando quien fue, coló al mundo exterior todo lo que ahí se dijo. De esta manera, nos revelaron que a los funcionarios les caen gordos los comunitarios e hicieron gala de fobias y filias, con argumentos legales.

 

Los funcionarios tenían la obligación de reconocer que existe un problema integral que va más allá de lo que sientan personalmente por estos grupos, y que surgieron por la incapacidad del estado mexicano de garantizar la protección y resguardo de los ciudadanos de un puñado de municipios del estado.

 

Expresiones, convertidas en públicas, como “la Ley 701 se ha convertido en un caballo de Troya para Guerrero”, “mermar el crecimiento de las famosas policías comunitarias” o que “la justicia indígena se utilizó en el siglo XV, en la época medieval”, sólo cierran espacios para que continúe el diálogo, debilita la construcción de acuerdos y ahonda la desconfianza, tal y como lo vimos en la recién asamblea de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en la que sus miembros rechazan unirse a la Policía Rural, iniciativa que tiene el Congreso del Estado en sus manos.

 

Sin duda, los policías comunitarios han cometido errores y horrores, pero creo, con el debido respeto que me merecen, los funcionarios debieron asumir posiciones no opiniones porque se llevaba a cabo un diálogo institucional entre poderes del estado, el ejecutivo y el legislativo, independientemente del carácter de la reunión.

 

Ahora hay que arreglar lo desarreglado y buscar que haya una consulta con los pueblos, pero también hablar con los especialistas, los constitucionalistas, los líderes sociales y de opinión, para que finalmente sea posible la integración de las policías comunitarias en el esquema legal y terminen las confrontaciones que ya aburren por la frecuencia en la que ocurren.