Hace dos años el gobernador Ángel Aguirre Rivero había autorizado a los trabajadores del Estado un aumento salarial del 12%. Y con esa promesa, los administrativos del Tribunal Superior de Justicia fueron a ver al secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, para preguntarle qué había pasado con ese dinero.
Nunca se imaginaron lo que estaba a punto de decirles el ex presidente del Poder Judicial: Que había tomado prestado ese dinero para aplicarlo en el acondicionamiento de las nuevas salas orales y oficinas…y ahí comenzó todo: estalló una huelga que congeló todos los juicios penales, civiles y familiares durante 10 días. ¡No se impartió de justica en Guerrero en esos días!
Ya encabritados los trabajadores exigieron un aumento, ya no del 12%, ahora querían el 40%. La presidenta del Poder Judicial, Lambertina Galeana, no le quedó otra y fue a tocarle la puerta al gobernador, quien resolvió el conflicto con la transferencia de un dinero. Y después de estiras y aflojas los trabajadores aceptaron de buena gana un aumento de 24% al salario base.
El incidente laboral puso al descubierto varias cosas:
1. La disparidad de los salarios de hambre de los trabajadores, que oscilan entre los mil 500 y los dos mil pesos a la quincena, y los que gozan los magistrados, de hasta 140 mil pesos;
2. La opacidad en el manejo de los recursos públicos del máximo tribunal del estado y;
3. Enterarnos del derecho mal ganado de los magistrados de poner a sus familiares en la nómina.
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