ADRIANA

Encerrada entre cuatro paredes, Adriana Manzanares Cayetano pasó injustamente 7 años, 2 meses y 3 días en el CERESO de Chilpancingo, Guerrero, acusada y sentenciada a purgar 22 años por el delito de aborto. Ahora, libre con el clásico “usted disculpe” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  todos quieren entrevistarla, conocerla y solidarizarse con ella. Y me pregunto: ¿Quién la visitó cuando estaba en la cárcel? ¿Quién se preocupó por sus hijos que estaban en Ayutla?

Quienes sí lo hicieron, fueron la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Centro Las Libres de Guanajuato que interpusieron un juicio de amparo ante el máximo tribunal para que atrajera el caso y resolviera su inmediata libertad. De la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de la Mujer…ni sus luces.

La historia de Adriana dejó al descubierto que dé al tiro estamos muy mal. Y lo que más me impresiona…es el silencio de las autoridades. Nadie ha dicho que esta boca es mía. Ni que lecciones debemos aprender para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Es más, estoy convencido que la indígena guerrerense no es la única mujer que está recluida en algún penal del estado por un amañado proceso judicial.

¿Qué debería seguir? Primero, que la Corte resuelva que las autoridades competentes deberán reparar el daño causado con una indemnización económica. Segundo, que el marido y el padre sean acusados por el maltrato físico y psicológico infringido por tres meses y que finalmente provocó que la madre abortara. Tercero, que los que participaron en la agresión tumultuaria sean juzgados. Y cuarto, castigar al Ministerio Público que fue testigo del linchamiento y no le concedió el debido proceso a la inculpada.

      

De las cuatro propuestas, la única que veo posible en el corto y mediano plazo es que la Suprema Corte ordene la reparación del daño y que la autoridad responsable cumpla a regañadientes. De las demás, simplemente se archivarán en el abultado expediente de la impunidad.