Los diputados al Congreso del
Estado enfrentan lo que pudiera ser la decisión más compleja de su vida, no
solamente como legisladores, sino como seres humanos: decidir sobre si es
legítima o no la interrupción voluntaria del embarazo.
En lo personal, defiendo la vida
y el derecho que tienen las mujeres a la salud reproductiva, pero desde un
punto más amplio. Porque no puedo apartar de mi cabeza, que a una indígena de
Tlacoachistlahuaca se le haya negado el aborto de un ser que venía con una
fatal malformación congénita en el Hospital de la Madre y el Niño de Chilpancingo.
O de una madre muy pobre de Metlátonoc, que había sido embarazada por un marido
irresponsable y borracho por quinta ocasión.
El legislador debe poner en el
centro de la discusión el mejor interés de la mujer, pero también de la familia
y de los hijos sobre una base ética, científica, médica, jurídica y social,
alejada de los dogmas, perjuicios y los sentimientos. Recordemos que somos
herederos del Estado laico, que nos permite vivir en convivencia, independientemente
de lo que creamos, que también es un derecho consagrado en el artículo 25 de la
Constitución.
Los legisladores deben buscar el
ideal, y cuando no sea posible llegar al ideal, se tiene que buscar el mayor
bien y cuando no es posible alcanzar el mayor bien, el menor bien e incluso
hasta llegar al menor mal.
Tengan en cuenta, que la
iniciativa no establece ninguna obligación de abortar en ningún momento, quienes
nunca tomen la decisión de solicitar la interrupción del embarazo, pues no lo
harán y esto reduce significativamente el problema.
En un tema tan polémico, no se
vale pensar en los votos ni en las iglesias: Lo que hay que hacer, es tomar la mejor
decisión, pensando en la mujer, en los hijos y en la familia.
