Los separos de la ministerial se
fueron llenando y los pueblos se fueron tranquilizando. Zas! ¡Habían dado
resultado los grupos de autodefensa armada! Los delitos se redujeron casi en un
90%. La paz volvía a las comunidades. Sin embargo, los judiciales empezaron
hacer su agosto. Se coludían con los delincuentes detenidos y los fueron
liberando, bajo la mirada decepcionada de los indígenas-policías, que dejaban
sus parcelas para hacer lo que era obligación de la autoridad.
Así, con el paso del tiempo, se
fue gestando un cáncer que crece y multiplica. Un cáncer que está a punto de
hacer metástasis y que se expande ahora en 12 municipios del estado. Los
movimientos de autodefensa armada actúan bajo un nuevo enfoque: Ahora, a los
sospechosos los detienen los grupos de autodefensa, pero no los entregan a la
autoridad competente. Más de 40 personas están en manos de ciudadanos que los
detienen. ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo se encuentran? ¡Quién sabe!
Lo que sí se sabe, es que el
asunto está creando un verdadero dolor de cabeza al gobernador Ángel Aguirre
Rivero y a su equipo de gobierno. No han sabido diagnosticar lo que sucede en
realidad y sólo extienden recetas con despensas y promesas. Otros, oficiosos de
costumbre, echan culpas y no proponen soluciones. Mientras tanto, el cáncer
sigue expandiéndose: ahora grupos de ciudadanos de comunidades de Tlapa han colocado
puestos de revisión en Chiepetepec. Y otros municipios, que observan, están
valorando crear sus propios grupos de autodefensa armada.
Dirían que la violencia y la
delincuencia en Guerrero tienen dos orígenes. Por un lado, en la falta de oportunidades
y por el otro, en la existencia de instituciones de justicia y seguridad
sumamente débiles. Allí, se encuentra el origen y la razón por la que hermanos
guerrerenses han tomado en sus manos la defensa legitima de sus vidas y bienes.
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