La reciente sucesión de hechos,
protagonizados por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC),
desde la detención de jefes policiacos, elementos y patrullas con todo y
armamento, son un desafío al Estado Mexicano, que no debe minimizarse ni menospreciarse.
Unos, dirán que es una provocación, otros, que hay que aplicarles la ley. En lo
personal, siento que es una manera, sui generis, de que la CRAC exija el pleno
reconocimiento al Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación
Comunitaria, vigente desde hace 17 años, en municipios de la Montaña y la Costa
Chica.
Los pueblos indígenas, integrados en
este Sistema, no buscan la confrontación ni la provocación, sino que las partes
constitucionales del Estado reconozcan la fuerza jurídica que nace del derecho
consuetudinario, y que funcione en coordinación con los distintos órdenes de
gobierno y el derecho escrito. Tal vez, por esta razón, se podría explicar la
presión demostrada en los últimos días por la CRAC con la detención de
servidores públicos, policías y patrullas, y que ha derivado que representantes
de autoridades federales y estatales acudieran a su encuentro para dialogar y
concertar una salida.
Quiénes hemos sido testigos de
estos acontecimientos, debemos tener claro que representa un desafío en lo
jurídico, porque debemos reconocer que el alcance de la Ley 107 de
Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del
Estado de Guerrero es todavía limitado, que es un reto para los trabajos de
construcción de la nueva constitución del estado, y que nos debe replantearnos
la redefinición de la relación entre el derecho del Estado y el derecho de las
comunidades indígenas.
Y vaya que no es nada fácil. De
algún modo, para quienes hemos sido educados en el derecho escrito y tradicional,
tal y como lo conocemos, hemos perdido la distinción entre el derecho y la ley,
entre el derecho escrito y el derecho que nace de usos y costumbre. El derecho,
estoy convencido, no sólo es la ley, ni la ley es más grande que el derecho. El
derecho es mucho más que una ley, el derecho es justicia, el derecho son
derechos y son también leyes.
Hay una racionalidad analógica en la
noción de derecho que sostienen los pueblos indígenas, que debemos aprender,
respetar y vincularse. La realidad que interpretan los pueblos indígenas y que
ha derivado en decisiones colectivas, a través de las asambleas comunitarias, es
también fuente material del derecho, a la que estamos obligados como sociedad a
reconocerla, analizarla y a traducirla en normas jurídicas, para que no choquen
con el derecho constituido por las leyes vigentes.
Está más que claro que detrás de estos
sucesos, está la exigencia de que haya un reconocimiento pleno a los principios,
sustentados en la tradición de justicia y respeto por la vida, y que son:
investigar antes que procesar, conciliar antes de dictar sentencia, reeducar
antes que castigar, sin distinción de edad, sexo, color, religión ni electoral.
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