APAXTLA

APAXTLA

 

Era un apacible domingo en Apaxtla, cuando llegaron unos 80 sicarios con cuernos de chivo y AR15 a tomar el control absoluto del pueblo, y a lo largo de tres impunes horas de terror y muerte, dejaron una estela de siete muertes, levantados, desaparecidos, golpeados, vehículos incendiados… y una comunidad que nunca volverá a ser igual que antes.

Llegaron caminando, dicen los vecinos, y se anunciaron con las ráfagas de sus ametralladoras, que opacó el sonido del altavoz que anima con música a los pobladores. Luego, despojaron de sus vehículos a dos choferes del servicio público, a quienes mataron. De ahí, en grupos hicieron varios trabajos: Unos, se dirigieron a levantar o acribillar a diversas personas; otros, a incendiar carros para bloquear las entradas y salidas de la cabecera.

Los poquísimos policías que había en el ayuntamiento, se refugiaron en la comandancia rezando porque se les respetara sus vidas. El sacerdote de la parroquia fue golpeado y despojado de su vehículo. El presidente municipal infructuosamente intentó llamarle al gobernador para informarle lo que estaba pasando. La comunidad de Apaxtla fue secuestrada. Nadie se salvó y nada la salvó.

Apaxtla vive ahora el éxodo de familias que dejan todo por encontrar un lugar más seguro. Policías preventivos renunciaron en masa después de lo ocurrido. Maestros se niegan a dar clases y las escuelas están cerradas. El alcalde sigue sin recibir la solidaridad de la autoridad federal y estatal y persigue al gobernador en sus giras por la zona norte sin éxito.

Lo que vivió Apaxtla no es nuevo. Comunidades viven el acoso violento en una ruta que todos ya conocemos: Aterrar a la población es el primer paso, después viene la sumisión, que es la realidad que viven muchas zonas de la entidad.  La autoridad no sabe qué hacer, ni para donde hacerse. Y la gente tiene que coexistir con ellos para sobrevivir.  

 

SILVIA

En la cascada de remociones y nombramientos que hay en el gobierno del estado, la consecuencia lógica es que faltaría el descabezamiento de la Secretaria de Educación Guerrero. Si el gobernador Ángel Aguirre Rivero cede a la tentación de sustituir a la maestra Silvia Romero Suárez, a mi juicio, cometería un grave error. ¿Por qué?

1.       Porque la titular ha sabido conducir, desde un principio, el impetuoso tren de la SEG sin descarrilarlo de los rieles, y daría un mal mensaje para quienes se han esforzado en construir por la vía del diálogo y el acuerdo permanente. Los ejemplos están allí: paz laboral con el SNTE, volver a funcionar escuelas de Acapulco por inseguridad y el manejo diario de las incidencias del magisterio.

2.       Porque la CETEG no la ve como su enemiga. Acuérdense que uno de los líderes regionales de la coordinadora declaró que no piden la renuncia de Silvia Romero Suárez, “nuestra lucha es contra la reforma educativa”.     

3.       Porque mientras la CETEG anunció que rechazan la interlocución del gobernador en las negociaciones, el magisterio disidente continúa dialogando con la secretaria en múltiples temas de interés laboral y educativo de los agremiados, por una razón: saca los acuerdos.

Silvia Romero Suárez ha sorteado las dificultades más complejas que ha vivido la SEG en su historia; como se dice, le tocó bailar con la más fea…y hasta ya se aprendió el zapateado.

DESAFÍO

La reciente sucesión de hechos, protagonizados por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), desde la detención de jefes policiacos, elementos y patrullas con todo y armamento, son un desafío al Estado Mexicano, que no debe minimizarse ni menospreciarse. Unos, dirán que es una provocación, otros, que hay que aplicarles la ley. En lo personal, siento que es una manera, sui generis, de que la CRAC exija el pleno reconocimiento al Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria, vigente desde hace 17 años, en municipios de la Montaña y la Costa Chica.  

Los pueblos indígenas, integrados en este Sistema, no buscan la confrontación ni la provocación, sino que las partes constitucionales del Estado reconozcan la fuerza jurídica que nace del derecho consuetudinario, y que funcione en coordinación con los distintos órdenes de gobierno y el derecho escrito. Tal vez, por esta razón, se podría explicar la presión demostrada en los últimos días por la CRAC con la detención de servidores públicos, policías y patrullas, y que ha derivado que representantes de autoridades federales y estatales acudieran a su encuentro para dialogar y concertar una salida.

Quiénes hemos sido testigos de estos acontecimientos, debemos tener claro que representa un desafío en lo jurídico, porque debemos reconocer que el alcance de la Ley 107 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero es todavía limitado, que es un reto para los trabajos de construcción de la nueva constitución del estado, y que nos debe replantearnos la redefinición de la relación entre el derecho del Estado y el derecho de las comunidades indígenas.

Y vaya que no es nada fácil. De algún modo, para quienes hemos sido educados en el derecho escrito y tradicional, tal y como lo conocemos, hemos perdido la distinción entre el derecho y la ley, entre el derecho escrito y el derecho que nace de usos y costumbre. El derecho, estoy convencido, no sólo es la ley, ni la ley es más grande que el derecho. El derecho es mucho más que una ley, el derecho es justicia, el derecho son derechos y son también leyes.

Hay una racionalidad analógica en la noción de derecho que sostienen los pueblos indígenas, que debemos aprender, respetar y vincularse. La realidad que interpretan los pueblos indígenas y que ha derivado en decisiones colectivas, a través de las asambleas comunitarias, es también fuente material del derecho, a la que estamos obligados como sociedad a reconocerla, analizarla y a traducirla en normas jurídicas, para que no choquen con el derecho constituido por las leyes vigentes.    

Está más que claro que detrás de estos sucesos, está la exigencia de que haya un reconocimiento pleno a los principios, sustentados en la tradición de justicia y respeto por la vida, y que son: investigar antes que procesar, conciliar antes de dictar sentencia, reeducar antes que castigar, sin distinción de edad, sexo, color, religión ni electoral.

¿SABÍAS QUE APROBÓ EL CONGRESO DE GUERRERO, Y QUE TANTO ENOJO CAUSÓ A LA CETEG?

I. Que las plazas de bases se asignen, mediante exámenes de oposición. Las plazas no podrán ser heredadas ni vendidas.  

 

II. Que la educación es gratuita y que es obligación del Estado el sostenimiento de las escuelas. 

 

III. Que los maestros accedan a puestos directivos y de supervisión, sin recomendación. Sólo bastará el esfuerzo y logros profesionales. 

 

IV. Que los maestros sean evaluados por un órgano independiente, elegido por el Senado, y capacitados por el Instituto de Profesionalización y Evaluación del Estado. 

 

Es una lástima, la actitud violenta asumida por integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero, quienes seguramente son maestros de mis propios hijos.